Nosotros, en la Red de Proveedores de Servicios de Salud para Migrantes (MCN por sus siglas en inglés), como defensores de la justicia en salud, nos oponemos firmemente a la nueva Ley SB 1718 de Florida. Esta nueva ley, que entrará en vigor el 1 de julio del 2023, es la ley estatal más antinmigrante del país.  Entre las múltiples desigualdades que se observan en sus disposiciones, los hospitales que aceptan Medicaid estarán obligados a preguntar a los pacientes sobre su estatus de ciudadanía, lo que desalienta a las personas con urgencias médicas a que busquen atención en salud, por temor a exponer su estatus migratorio. Además, se penalizará a quienes trasladen a alguien sin autorización, incluso si es al hospital.

Por décadas, MCN ha trabajado con miles de proveedores de salud, organizaciones comunitarias de salud, grupos comunitarios e investigadores en Florida. A través de la Red de Salud, que es el sistema virtual de navegación de casos de MCN, hemos conectado a cientos de solicitantes de asilo, inmigrantes y trabajadores agrícolas de Florida con los cuidados de salud mientras están en el estado o mientras entran y salen del él.

Esta nueva ley pone en peligro la vida de migrantes, inmigrantes y solicitantes de asilo. Puede tener un efecto aterrador no solo para los que ya están afectados directamente por la ley sino también para los familiares de quienes carecen de autorización para trabajar en Estados Unidos, ya que pueden decidir no buscar atención médica cuando la necesiten.

"Leyes como la Ley SB 1718 crean una cultura de desconfianza hacia la comunidad médica que es peligrosa y difícil de revertir", señaló Kim Nolte, MPH, directora ejecutiva de MCN. "El resultado de esta cultura es que se evite buscar atención médica incluso cuando se necesita desesperadamente. Esto traerá muertes y sufrimientos innecesarios, que pueden tener un efecto catastrófico para una familia."

Laszlo Madaras, MD, MPH, director médico ejecutivo de MCN igualmente declaró: "El papel de la comunidad médica es proporcionar una atención en salud óptima, no ser un policía de migración. Los médicos juran no hacer daño y esta nueva ley creará una atmósfera en la que será menos probable que los pacientes sean comunicativos con sus doctores o eviten por completo a sus proveedores de servicios de salud."

Con esta política el Estado puede terminar creando una clase de residentes más enfermos. Los que decidan no buscar atención médica, aunque la necesiten se enfermarán más. Los que puedan migrar para evitar la normativa lo harán y recibirán la atención que necesitan para mejorar su salud. 

La presunción de esta ley en la que los migrantes sin autorización para vivir y trabajar en EE. UU. representan una carga para el sistema de salud, es falsa. En general, este grupo de inmigrantes aporta más al sistema de salud de lo que recibe. Además, restringir el acceso a la atención en salud lleva a que las personas postpongan sus cuidados, lo que conlleva a mayores complicaciones, a un aumento del riesgo de la morbilidad y mortalidad y también implica un costo mayor para la comunidad y para la persona. 

Nos oponemos a la ley en su totalidad y animamos a los legisladores de Florida a que reevalúen esta normativa y valoren los derechos humanos básicos de los inmigrantes, independientemente de su estatus migratorio.  

En una versión previa de esta posición oficial, las disposiciones de las leyes SB 1718 y Stop WOKE de Florida fueron confundidas. Esta posición oficial ha sido corregida.